Discapacidad intelectual y Justicia
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| Jesús Lorenzo Aguilar |
La discapacidad intelectual es un tema crucial en el ámbito de la justicia. Las personas con discapacidad intelectual a menudo enfrentan obstáculos significativos cuando se ven involucradas en procesos judiciales. Estas barreras pueden incluir falta de información comprensible, tecnologías de comunicación inadecuadas y ausencia de asistencia legal cualificada. Por otra parte, la concienciación y el conocimiento insuficientes por parte de los profesionales del sistema judicial pueden agravar aún más esta situación.
En este contexto, es fundamental abordar los derechos de acceso a la justicia para las personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las Reglas de Brasilia establecen pautas importantes para garantizar que estas personas tengan una tutela judicial efectiva. Asimismo, distintas organizaciones han identificado las barreras específicas que enfrentan las personas con discapacidad intelectual en su relación con la justicia, lo que destaca la necesidad de ajustes de procedimiento y mayor concienciación en el sistema legal.
Un facilitador procesal puede desempeñar un papel crucial en mejorar el acceso a la justicia para las personas con discapacidad intelectual, ya que puede trabajar para aumentar la conciencia entre los profesionales del sistema judicial sobre las necesidades específicas de las personas con discapacidad intelectual. Esto incluye proporcionar capacitación sobre cómo comunicarse de manera efectiva, adaptar los procedimientos y garantizar un entorno accesible.
El facilitador puede ayudar a las personas con discapacidad intelectual a comprender los procesos legales y sus derechos. Esto supone utilizar un lenguaje claro y sencillo, proporcionar información por escrito y utilizar herramientas de comunicación accesibles, como pictogramas o sistemas de comunicación aumentativa y alternativa.
También, durante los procedimientos judiciales, el facilitador puede acompañar a la persona con discapacidad intelectual, brindando apoyo emocional y asegurándose de que comprendan lo que está sucediendo. También pueden ayudar a completar formularios y documentos legales. Además, puede abogar por adaptaciones razonables en el proceso judicial. Esto podría incluir solicitar ajustes en el horario de las audiencias, proporcionar descansos o permitir la presencia de un apoyo (como un familiar o un asistente) durante el procedimiento. Incluso puede conectar a las personas con discapacidad intelectual con servicios de apoyo adicionales, como asesoría legal especializada, servicios de interpretación o asistencia financiera.
En resumen, el rol del facilitador procesal es fundamental para garantizar que las personas con discapacidad intelectual tengan un acceso equitativo y efectivo al sistema de justicia.
Para abordar algunos de estos aspectos nos acompaña en Tiempo de Mediación de Radio Guardo, Jesús Lorenzo Aguilar, abogado y mediador, es director de la Asociación Española de Mediación (ASEMED), y miembro, entre otros, del Consejo Asesor del Ministerio de Justicia de España para la reforma de los sistemas legales alternativos de resolución de conflictos, y vocal de la Junta de Arbitraje y Mediación de Castilla y León.
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Podcast (colección)
[Guardo, Palencia. 30/05/2024_P85]
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